On August 21, the U.S. State Department confirmed the immediate suspension of work visas for foreign truck drivers. Secretary of State Marco Rubio defended the move, stating that the rising number of non-citizen operators on American highways poses risks to public safety and undermines job opportunities for domestic drivers.
While officially framed as a safety measure, analysts warn of potential ripple effects across the economy, particularly in cross-border trade and supply chain operations. The decision aligns with a broader White House initiative to restrict foreign labor in sensitive sectors. Since April, an executive order signed under the Trump administration has required commercial drivers to pass English proficiency tests—standards previously relaxed in 2016.
Transport Secretary Sean Duffy argued that bypassing qualification requirements introduces serious safety hazards and raises the likelihood of traffic incidents.
The policy shift followed a fatal crash in St. Lucie County, Florida, on August 12. Harjinder Singh, a 28-year-old Indian national with a commercial license issued in California, made an illegal U-turn with an 18-wheeler, colliding with a minivan and killing all three occupants. Singh had entered the U.S. illegally in 2023 and failed an English competency assessment, according to federal authorities.
The incident ignited a political debate. Florida officials blamed California’s lenient licensing policies, while Governor Gavin Newsom countered that federal agencies had granted Singh residency. Florida’s Lieutenant Governor Jay Collins traveled to California to oversee Singh’s extradition, a move criticized by Newsom’s office as a staged political spectacle.
Data shows that foreign-born drivers make up about 16% of the U.S. trucking workforce—over 700,000 individuals in 2021—with more than half originating from Latin America and growing numbers from India and Eastern Europe. The H-2B visa program, designed for temporary workers, has issued only around 1,500 trucking visas annually, just 2% of total allocations.
Jeff Joseph, president of the American Immigration Lawyers Association, described the program as a partial response to an ongoing shortage of commercial drivers. However, halting new visas could strain logistics networks already under pressure from rising freight demand.
Reactions within the industry have been mixed. The American Trucking Associations supported the visa suspension, calling for stricter scrutiny of non-citizen licensing. Similarly, the Owner-Operator Independent Drivers Association welcomed the move as a correction to inflated claims of driver shortages.
Conversely, border-region transport groups expressed concern. Jerry Maldonado of the Laredo Trucking Association, representing about 200 cross-border firms, said the announcement caused anxiety—though he was reassured when the State Department clarified that B-1 visas for Mexican and Canadian drivers would remain unaffected.
Still, immigration attorney Alex Gálvez warned that the Florida crash might trigger widespread reviews of licenses issued to foreign workers, increasing scrutiny on the entire immigrant trucking community.
For drivers like Salvador, a Salvadoran immigrant under Temporary Protected Status, the policy threatens livelihood and stability. “We delivered goods during the pandemic when no one else would,” he told EFE, criticizing what he sees as unfair treatment.
Though the number of directly affected drivers may be small within the 3.5 million-strong national fleet, experts caution of broader economic consequences. Road freight moves about 70% of U.S. goods. Even a minor labor shortfall could disrupt supply chains, raise shipping costs, and inflate consumer prices.
Cross-border trade with top partners Canada and Mexico could face delays, despite exemptions for B-1 visa holders. Uncertainty may deter new applicants or slow processing times. Domestically, the policy could worsen labor shortages during peak seasons, intensifying tensions between unions and employers over hiring practices.
— news from France 24
— News Original —
Estados Unidos suspende visas a camioneros extranjeros y hay temor por el impacto económico
El jueves 21 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la suspensión inmediata de las visas de trabajo para camioneros extranjeros. El secretario de Estado, Marco Rubio justificó la decisión argumentando que “el creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros nacidos en Estados Unidos”. n nSi bien la medida está enmarcada oficialmente en preocupaciones por la seguridad en las carreteras, expertos advierten que las consecuencias económicas podrían sentirse en diversos sectores, especialmente en el comercio transfronterizo y la cadena de suministro. n nLa decisión de la Casa Blanca busca limitar la presencia de trabajadores extranjeros en sectores considerados sensibles. Desde abril, una orden ejecutiva firmada por Trump exige a los camioneros cumplir con pruebas de dominio del inglés, endureciendo requisitos que ya estaban contemplados en la legislación pero que habían sido flexibilizados en 2016. n nEl secretario de Transporte, Sean Duffy, defendió la medida asegurando que no aplicar estos estándares de calificación “plantea serios problemas de seguridad y aumenta la probabilidad de accidentes”. n nUn accidente de Florida, el detonante político n nEl caso que colocó a los camioneros extranjeros en el centro de la agenda política fue el accidente ocurrido el pasado 12 de agosto en el condado de St. Lucie, Florida. Harjinder Singh, un inmigrante indio de 28 años, realizó un giro en U no autorizado con un camión de 18 ruedas, bloqueando el paso a una minivan en la que viajaban tres personas, todas fallecidas en el impacto. n nSingh contaba con un permiso de trabajo y una licencia comercial expedida en California, estado que permite emitir este tipo de documentos sin importar el estatus migratorio. Tras el accidente, las autoridades federales revelaron que Singh había ingresado de manera irregular al país en 2023 y que había reprobado una evaluación de competencia en inglés. n nEl hecho rápidamente trascendió al debate nacional. Funcionarios de Florida responsabilizaron a las políticas migratorias de California, mientras que el gobernador Gavin Newsom respondió que el propio Gobierno federal había otorgado el permiso de residencia al conductor. n nEl vicegobernador de Florida, Jay Collins, llegó incluso a viajar a California para supervisar personalmente la extradición de Singh, en un gesto que fue calificado por la oficina de Newsom como una “oportunidad fotográfica” de carácter político. n nEl transporte de carga y su dependencia de la migración n nMás allá del debate político, las cifras oficiales muestran que la industria del transporte en Estados Unidos depende en gran medida de la mano de obra extranjera. Según datos federales, alrededor del 16% de los camioneros en el país nacieron fuera de sus fronteras, lo que representa más de 700.000 conductores en 2021. n nMás de la mitad de ellos provienen de América Latina, mientras que también crece la presencia de conductores de la India y Europa del Este. n nEl programa de visas H-2B, dirigido a trabajadores temporales, ha sido uno de los principales mecanismos para incorporar a estos conductores al mercado laboral. Sin embargo, la participación de los camioneros en dicho esquema es reducida: apenas 1.500 visas fueron emitidas en el último año fiscal, y 1.400 en el anterior, apenas el 2% del total de permisos bajo este régimen. n nPara analistas como Jeff Joseph, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, el programa ha servido como un paliativo ante una “escasez persistente de conductores comerciales”, según consignó AP. n nSin embargo, la decisión de Trump de suspender las visas amenaza con interrumpir ese flujo, en un contexto de presión por la demanda creciente de transportes terrestres, como los camiones, en las cadenas de suministro. n nPosturas encontradas en la industria n nLa medida ha provocado reacciones divididas entre los grupos que representan a los transportistas. La Asociación Americana de Camiones (ATA) respaldó la decisión, afirmando que la emisión de licencias a no ciudadanos “requiere un escrutinio riguroso” para garantizar la seguridad. n nEn la misma línea, la Owner-Operator Independent Drivers Association celebró que el Gobierno “haya visto a través del mito de la escasez de camioneros” y haya decidido restablecer estándares de seguridad en las carreteras. n nPor el contrario, asociaciones de transportistas en zonas fronterizas expresaron preocupación. Jerry Maldonado, de la Asociación de Transportistas de Laredo, que agrupa a unas 200 empresas que operan en ambos lados de la frontera con México, señaló a AP que el anuncio generó temor entre los conductores. Sin embargo, se mostró aliviado cuando el Departamento de Estado aclaró que las visas B-1, utilizadas por transportistas mexicanos y canadienses, no se verían afectadas. “El anuncio asustó a algunas personas, pero me alegra la aclaración”, afirmó. n nLa aclaración, no obstante, no disipó las dudas sobre el futuro de la política migratoria en el sector del transporte. El abogado de inmigración Alex Gálvez advirtió a la agencia EFE, que el accidente en Florida podría derivar en una revisión masiva de licencias otorgadas a inmigrantes con permisos de trabajo, lo que pondría bajo la lupa a toda la comunidad de camioneros extranjeros. n nPara los conductores extranjeros, la decisión representa un golpe a su estabilidad laboral y a su futuro en Estados Unidos. Salvador, un inmigrante salvadoreño amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), relató a EFE su temor a perder su licencia comercial y eventualmente ser deportado. “Trabajamos en la pandemia llevando mercancías y en ese momento no le quitábamos el trabajo a nadie”, expresó, denunciando lo que considera un trato injusto por parte del Gobierno. n nMenos visas y probables consecuencias económicas n nAunque el número de camioneros afectados directamente por la suspensión de visas podría no superar unos pocos miles dentro de los 3,5 millones de conductores en el país, los expertos alertan que las repercusiones económicas podrían ser significativas. n nEl sector del transporte es un engranaje esencial en la economía estadounidense: alrededor del 70% de las mercancías se trasladan por carretera. Una reducción, aunque sea limitada, de la fuerza laboral disponible podría generar cuellos de botella en la logística, incrementando los costos de transporte y, en consecuencia, los precios de los productos. n nLas cadenas de suministro transfronterizas también se verán presionadas. México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos y dependen en gran medida del flujo constante de camiones para el intercambio de bienes. n nSi bien los conductores que operan bajo visas B-1 no están incluidos en la suspensión, el clima de incertidumbre podría desalentar a nuevos solicitantes o generar demoras en procesos de autorización. n nA nivel interno, la medida podría intensificar las tensiones laborales. Los sindicatos de camioneros estadounidenses han denunciado históricamente que las empresas buscan contratar extranjeros para reducir costos, lo que explicaría parte del respaldo que ha recibido la medida entre ciertos grupos gremiales. Sin embargo, eliminar a estos trabajadores podría llevar a una escasez de mano de obra, especialmente en temporadas de alta demanda como las festividades de fin de año. n nCon EFE, AP, Reuters y medios locales.