The law firm Economic Team, founded by former Finance Minister Cristóbal Montoro, has requested the dismissal of key emails used as evidence in an ongoing corruption investigation. The firm argues that these emails were obtained unlawfully during a police search at the offices of gas company Messer in Vila-seca, Tarragona, which was originally authorized only in relation to an investigation into the construction of a plant in El Morell between 2007 and 2009.
According to a legal filing obtained by EFE, the defense team of Economic Team has petitioned the Tarragona court to declare these emails inadmissible. One of the contested emails, dated December 2013, includes a message from a Messer technician to the company’s general director suggesting that the best way to influence government decisions was to pay Economic Team, which had direct access to then-Finance Minister Cristóbal Montoro.
Based on this email, the Mossos d’Esquadra (Catalan police) informed the judge that it was evident that Messer hired Economic Team due to its connections with high-ranking government officials. This placed the firm in a privileged position to advocate for the interests of the Association of Industrial and Medical Gas Manufacturers (AFGIM) and potentially other sectors.
The defense argues that the discovery of these emails was not covered by the original search warrant and that the police conducted an unauthorized, prospective investigation for over five months before submitting their report to the court on April 20, 2018. They claim that the police exceeded their authority by collecting unrelated data and initiating a parallel investigation without judicial oversight.
The legal team emphasized that a search warrant is not a blank check for law enforcement to collect any and all data they encounter. They argue that any access to unrelated files was unauthorized and that the judge should not have accepted evidence obtained outside the scope of the original investigation.
The defense also pointed out that the exclusion of these emails could invalidate other evidence derived from them, as per standard legal principles. They argue that without these emails, the foundation of the case against Montoro and his firm would be significantly weakened.
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Equipo Económico, el bufete de Montoro, solicita anular los correos electrónicos clave de la causa por haberse obtenido de forma irregular
Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, se encuentra en el foco de una presunta trama de corrupción por supuestamente favorecer a empresas a cambio de contraprestaciones económicas. El bufete ha solicitado a la justicia que declarenulos los correos electrónicos que sustentan la causa, al considerar que fueron obtenidos de manera irregular. n nSegún un escrito presentado por la defensa de Equipo Económico, al que ha tenido acceso EFE, se ha pedido a la Audiencia de Tarragona que anule dichos correos, los cuales fueron interceptados por los Mossos d’Esquadra en un “hallazgo casual” durante un registro en la sede de la empresa gasista Messer, en Vila-seca (Tarragona). La orden judicial que autorizaba ese registro se limitaba a la investigación sobre la construcción de una planta en El Morell (Tarragona), entre los años 2007 y 2009. n nEntre los correos cuya nulidad solicita la defensa figura uno de diciembre de 2013, en el que un técnico de Messer informaba a su director general: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”. n nA partir del contenido de ese correo, los Mossos comunicaron al juez que resultaba “fácil” deducir que Messer contrata a Equipo Económico debido a las conexiones de sus integrantes con altos cargos del Estado, lo que colocaba al bufete en una “posición privilegiada” para interceder ante el Gobierno en favor de los intereses de las empresas que conforman la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). n nLa defensa argumenta que, tras ese “hallazgo casual”, tanto el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona como los Mossos iniciaron una investigación de carácter “prospectivo”, mantenida bajo secreto desde 2018. Esta actuación ha desembocado en la imputación de Montoro y de su equipo en Hacienda por presuntamente alterar leyes a favor de empresas gasistas —y se investiga si también de otros sectores— a cambio de dinero. n nEn el documento presentado, Equipo Económico subraya que, de excluirse finalmente estos correos del proceso judicial, “habrá que ver” el alcance que tendría la nulidad, dado que consideran que se trata de una prueba esencial. A este respecto, señalan que la norma general establece que la nulidad de una prueba “vicia a su vez cualquier otra que hubiera sido obtenida como consecuencia de la anterior”. n n“En nuestro caso, resulta simplemente imposible concebir que, por vías distintas a la entrada y registro practicada y de la aprehensión ilegítima de esos correos hubiera podido ‘inevitablemente’ llegar a obtenerse los datos ‘relevantes’ arrojados, precisamente, por esos correos electrónicos. Pero, será el juez instructor el que, una vez excluidos tales correos, deba examinar el resto del procedimiento”, señala el escrito. n nLa defensa sostiene que el “hallazgo casual” de estos mensajes electrónicos no estaba contemplado en la orden de registro emitida para Messer. Añaden que los Mossos, “al margen del más mínimo control judicial”, llevaron a cabo una “investigación paralela y prospectiva” durante más de cinco meses antes de entregar el informe al juez, el 20 de abril de 2018, en el que por primera vez se apuntaba al despacho fundado por Montoro. n nSegún Equipo Económico, una orden judicial de entrada y registro “no es un cheque en blanco para que la policía pueda arramblar con todo lo que encuentre, tenga o no relación con la causa, para posteriormente decidir lo que se investiga y lo que no”. n nEn ese sentido, recalcan que la autorización judicial para el registro en Messer se limitaba a los datos que tuvieran “una relación directa con los hechos objeto de investigación en la presente causa”, es decir, la construcción de la planta de fraccionamiento de aire en El Morell entre 2007 y 2009. n n“Cualquier acceso o copia a otros ficheros o datos no relacionados directamente con la construcción de dicha planta de fraccionamiento de aire estaba vedada para los agentes que ejecutaron la diligencia de registro”, detalla el escrito. n nEquipo Económico reprocha que el juez de Tarragona se haya limitado a “dar por buenos los excesos cometidos por los Mossos”, sin que existiera una autorización judicial específica que legitimara la incautación de dichos correos, ya que no se trataba de un delito flagrante que pudiera justificar esa actuación.