Las sanciones económicas, herramientas de presión utilizadas por potencias occidentales, han sido presentadas como medidas diplomáticas no violentas. Sin embargo, su impacto en la población civil revela una realidad mucho más compleja y devastadora. Según expertos como Jeffrey Sachs, estas acciones pueden ser descritas como una forma de guerra encubierta que destruye economías sin recurrir directamente a la violencia física.
Estas medidas, aunque a menudo se justifican en nombre de los derechos humanos o la seguridad internacional, tienden a afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Estudios indican que las sanciones no son precisas, sino que actúan como un martillo que aplasta sistemas económicos enteros, afectando servicios esenciales como la salud y condenando a millones a la pobreza prolongada.
El objetivo declarado de estas políticas es debilitar regímenes considerados hostiles, pero su efecto colateral es una crisis humanitaria. En Irán, por ejemplo, tras la reimposición de sanciones en 2018, el PIB del país se redujo en un 50%, las exportaciones petroleras —que representan el 80% de los ingresos estatales— cayeron un 80%, y más de la mitad de la población cayó en la pobreza. Además, el acceso a medicamentos esencial se ha visto severamente limitado, causando muertes evitables.
El embargo a Cuba, vigente desde 1960, es otro ejemplo de cómo estas políticas pueden prolongarse durante décadas. Un documento del Departamento de Estado de 1960 reconocía explícitamente que el objetivo era generar hambre y desesperación para forzar el cambio de gobierno. Hoy, más del 37% de la población cubana no alcanza el mínimo calórico diario, lo que plantea serias dudas sobre la ética de estas acciones.
En Siria, las sanciones se aplican en medio de un conflicto armado, exacerbando una crisis ya crítica. El 90% de la población vive en condiciones de pobreza, y más del 60% en pobreza extrema. La imposibilidad de reconstruir infraestructuras dañadas por la guerra, debido a restricciones financieras, ha llevado a consecuencias fatales, incluyendo cientos de miles de muertes y desapariciones.
Lejos de provocar cambios democráticos, las sanciones suelen fortalecer regímenes autoritarios, que utilizan el discurso antiimperialista para justificar su control. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado las sanciones como pretexto para aumentar su control sobre la economía. Mientras tanto, las élites afectadas por estas medidas buscan alternativas en mercados informales o en jurisdicciones extraterritoriales.
Además, estas políticas tienen implicaciones geopolíticas significativas. Países sancionados tienden a buscar alianzas con potencias rivales de Occidente, como Rusia y China. Irán, Venezuela y Siria han fortalecido sus vínculos económicos con estas naciones, utilizando sistemas alternativos de pago y comercio, lo que contribuye a la fragmentación del orden económico global.
Según la ONU, al menos 40,000 venezolanos murieron entre 2017 y 2018 debido a la escasez de medicamentos provocada por las sanciones. Estas cifras plantean una pregunta ética fundamental: ¿pueden considerarse legítimas políticas que causan daño masivo a civiles en nombre de objetivos políticos? Sin mecanismos independientes de evaluación humanitaria, las sanciones económicas parecen más un fracaso estratégico y moral que una solución diplomática efectiva.
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Sanciones: la geopolítica del genocidio económico n nLas sanciones son la guerra de los cobardes: destruyen países sin mancharse las manos de sangre (Jeffrey Sachs). n nLas sanciones económicas, ese látigo moderno esgrimido por Washington y Bruselas con la solemnidad de una cruzada moral, se han convertido en el arma preferida del siglo XXI: limpia en los discursos diplomáticos, sucia en sus consecuencias humanas. Bajo la retórica de proteger derechos humanos o garantizar seguridad internacional, lo que realmente despliegan es una violencia estructural metódica, casi tan letal como las bombas, pero con la ventaja de no manchar de rojo las portadas de los periódicos. n nLos datos, fríos y contundentes, revelan un patrón: lejos de ser instrumentos quirúrgicos, las sanciones son martillos que aplastan economías enteras, desangran sistemas de salud y condenan a generaciones a la miseria, mientras los regímenes que pretenden derrocar —paradójicamente— se afianzan. n nQuizás tengamos que comenzar examinando críticamente los objetivos políticos declarados por las sanciones. Las sanciones económicas se han convertido en un pilar de la política exterior moderna, empleadas por Estados y organismos internacionales para ejercer presión, disuadir acciones indeseables y promover el cumplimiento de las normas internacionales. Como su nombre lo indica, el primer objetivo de las sanciones se centra en el colapso económico. n nLas consecuencias que las sanciones impuestas deben ser «casi tan letales como la guerra», el segundo objetivo perseguido una vez conquistado el colapso económico, es la desestabilización del régimen imperante y su cambio eminente. Como la práctica histórica demuestra, las sanciones adoptan la forma de embargos comerciales integrales. Las consecuencias quedan ocultan en sanciones más «selectivas» o «inteligentes», como congelamientos de activos y prohibiciones de visas contra individuos y entidades específicas maximizar el impacto sobre las partes responsables (normalmente líderes políticos y militares) y minimizar los efectos humanitarios adversos sobre la población general. Lo cual contradice el objetivo de cambio de régimen si el colapso económico no tiene repercusiones sociales. n nPara sostener esta lógica, las sanciones suelen ser indefinidas, permaneciendo vigentes hasta que se decida levantarlas porque el efecto de colapso económico tuvo éxito o, por el contrario, ampliarlas. Este alcance a menudo conduce a un tercer objetivo, la “extraterritorialidad”, como restricción a la soberanía política de terceros países. Es decir, los efectos extraterritoriales de las sanciones implican que también se espera que los ciudadanos y empresas de otros países acompañen y cumplan las sanciones, a menudo bajo amenaza de que ellos mismos sean sancionados. n nLa extraterritorialidad completa el cuadro. En 2015, el BNP Paribas fue multado con U$S 9.000 millones por comerciar con Cuba e Irán. La lección fue clara: la soberanía europea se doblega ante el dólar. Cuando Trump abandonó el acuerdo nuclear iraní en 2018, la UE —que pretendía mantenerlo— vio cómo sus empresas huían presas del pánico a las represalias de Washington. Esta asimetría de poder significa que la política estadounidense puede dictar efectivamente el espacio operativo de las entidades de la UE, incluso cuando la política de la UE apunta a un enfoque diferente. n nEl sistema SWIFT, esa red neuronal del capitalismo global, se convirtió en cómplice de una asfixia calculada. Cuándo se niega a un hospital iraní a comprar insulina o a Cuba importar jeringas —bajo amenaza de multas billonarias a bancos europeos— ¿es un castigo colectivo disfrazado de diplomacia? n nSe nos vende la ficción de sanciones «inteligentes» o «selectivas», diseñadas para estrangular solo a las élites políticas y militares. Pero la realidad desnuda esta farsa. Tomemos el caso de Irán: tras el restablecimiento de las sanciones estadounidenses en 2018, su PIB se contrajo un 50%, las exportaciones de petróleo —el 80% de sus ingresos fiscales— se evaporaron en un 80%, y 55% de la población cayó en la pobreza. Las cifras de mortalidad cuentan otra historia: más muertes por falta de medicamentos y equipos médicos —gracias al bloqueo financiero— que en la guerra Irán-Irak. n nEl embargo estadounidense a Cuba, vigente desde 1960, es el experimento más largo de guerra económica. Un memorando del Departamento de Estado de 1960 lo dejó claro: Seis décadas después, el «generar hambre y desesperación para provocar el derrocamiento del gobierno».El régimen sigue en pie, pero la isla acumula pérdidas por un billón de dólares. El resultado: 4,2 millones de cubanos (37,8% de la población) no alcanzan el mínimo calórico diario. ¿Es esto «presión pacífica» o un crimen de lesa humanidad por goteo? n nSiria, otro laboratorio de sanciones, exhibe el cinismo de imponerlas en medio de una guerra. El 90% de su población vive en pobreza; el 66%, en pobreza extrema. Los hospitales destruidos por las bombas, que no pudieron reconstruirse porque las sanciones bloqueaban materiales de construcción; el resultado: casi 618.000 muertes y 113.000 desapariciones. Aquí la ecuación es perversa: primero se bombardea, luego se prohíbe reconstruir. Mientras, las farmacéuticas europeas —libres de vender vacunas a países en guerra— se negaban a enviar medicamentos a Damasco por miedo a las multas. La hipocresía tiene nombre: «derechos humanos» aunque lleguen degolladores al poder. n nLa obsesión por el «cambio de régimen» ignora un hecho incómodo: las sanciones rara vez lo logran, pero siempre consolidan el autoritarismo. En Irán, el gobierno atribuye cada fracaso económico al «enemigo externo», canalizando el malestar hacia un nacionalismo de trinchera. En Venezuela, Maduro usó las sanciones para militarizar la economía. Es un juego perverso: cuanto más sufren los civiles, más se legitima el discurso de «resistencia antiimperialista». Mientras, las élites —las supuestas «víctimas» de las sanciones selectivas— prosperan en mercados negros o lavando dinero en Dubai. n nY luego está el efecto geopolítico: al aislar a un país, se lo empuja a los brazos de rivales. Rusia y China han convertido a Irán, Venezuela y Siria en clientes de sus sistemas alternativos (SPFS para pagos, petroyuan, etc.). Las sanciones, pues, aceleran la erosión del orden occidental que dicen defender. n nLas sanciones no son un mal necesario; son un fracaso ético y estratégico. Matan lentamente, pero matan: según la ONU, 40.000 venezolanos fallecieron entre 2017-2018 por falta de medicinas debido al bloqueo financiero. Son, en esencia, «genocidios de escritorio», ejecutados con informes técnicos y reuniones en Bruselas.