Mass deportations have resurfaced as a central economic policy in Donald Trump’s second term, with the administration targeting industries like agriculture, hospitality, and construction. These sectors heavily rely on undocumented workers, who make up a significant portion of the labor force. The administration’s focus on protecting American jobs risks destabilizing key industries, raising service costs, and leaving critical roles unfilled. Pew Research data shows that in 2022, 8.3 million undocumented workers constituted 4.8% of the U.S. workforce, with their presence concentrated in essential sectors. For instance, nearly one in five domestic and landscaping workers, 16% of agricultural and meat processing workers, and 13% of construction workers were undocumented. A mass deportation could lead to severe labor shortages. Researchers estimate that such actions could reduce the U.S. GDP by up to 7.4% below projected levels by 2028. Additionally, studies indicate that for every million deportations, 88,000 jobs for U.S.-born workers are lost due to disrupted supply chains. States like Texas, Florida, and Nevada, which voted for Trump in 2024, are particularly vulnerable, as more than 8% of Texas workers are undocumented. Employers in agriculture and hospitality already report workforce absences and fear due to ICE raids. While the narrative emphasizes protecting jobs, key sectors face labor shortages without a queue of American workers ready to step in.
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¿Quién recoge la cosecha? El costo oculto (y económico) de las deportaciones masivas
Paola Sardiña, para El Tiempo Latino. Las deportaciones masivas no solo volvieron: se convirtieron en una de las principales políticas económicas del segundo mandato de Donald Trump. Con la promesa de proteger empleos estadounidenses, la administración retomó las redadas en sectores como agricultura, hotelería y construcción, donde la paradoja es evidente: son justamente los trabajadores indocumentados quienes sostienen buena parte de esas industrias. En la búsqueda de orden, el país se arriesga a desestabilizar sectores clave, encarecer servicios y dejar vacíos trabajos que pocos –muy pocos– estadounidenses están dispuestos a tomar. ¿El resultado? Escasez, precios más altos y una economía que tropieza con su propia narrativa. Advertencias en el aire. Los asesores económicos del presidente advierten sobre la quiebra de restaurantes, paisajismo, empresas de construcción, empacadoras de carne y hoteles. ¿Qué se dice en el Senado? Advierten sobre la separación de familias, el cierre de negocios y servicios locales. Los datos hablan por sí solos. Aunque muchos no quieran verlos. Industria tras industria, dependencia estructural. Según Pew Research, en 2022 cerca de 8.3 millones de trabajadores indocumentados formaban parte de la fuerza laboral, representando el 4.8% del total en Estados Unidos. Pero, su presencia se concentra en sectores clave: casi 1 de cada 5 trabajadores domésticos y paisajistas, el 16% de los trabajadores agrícolas y procesadores de carne, el 14% de los trabajadores de la industria textil y el 13% de los trabajadores de la construcción eran inmigrantes sin papeles. La deportación de estos trabajadores podría dejar a industrias enteras con huecos imposibles de llenar a corto plazo. Impacto económico real: más allá del discurso político. Investigadores del Peterson Institute estiman que una deportación masiva de indocumentados podría reducir el PIB de Estados Unidos hasta un 7.4% por debajo del nivel proyectado para 2028. Además, un estudio sobre el programa Secure Communities de la era Obama mostró que por cada millón de deportaciones, se perdían 88,000 empleos para nacidos en el país, al romperse cadenas productivas donde unos empleos dependen directamente de otros. Estados en contradicción: apoyo político vs. impacto laboral. Aunque Trump prometió enfocarse en ciudades demócratas como Los Ángeles o Nueva York, los estados más expuestos económicamente son Texas, Florida y Nevada, que votaron por él en 2024. En Texas, más del 8% de los trabajadores son indocumentados. Empresarios del sector agrícola y restaurantero ya reportan ausencias y miedo en el personal ante las redadas de ICE. La ironía: los estados que más respaldan estas políticas podrían ser los primeros en sentir sus consecuencias. Las deportaciones masivas no es lo que más sorprende, sino la narrativa de que es lo mejor para el país, como si parte importante de la economía no dependiera de quienes están siendo expulsados. En nombre de proteger empleos, se ponen en riesgo precisamente los sectores donde no hay fila de estadounidenses esperando entrar. Se habla de “orden”, “seguridad” y “recuperar el país”, pero los campos quedan sin manos, las cocinas sin personal y las obras sin terminar. Si esta es la estrategia para fortalecer la economía, tal vez convendría repasar el manual básico de oferta y demanda.
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